Por Oscar Díaz Salazar

Plan B

 

El plan B de la presidenta con A, y de su clicka, luego del fracaso previsto y presupuestado del plan A, o reforma electoral, suena a la vieja fórmula de “Señor: hágase tu voluntad, en los bueyes de mi compadre”.

Aunque suene políticamente incorrecto, para los que observan la política desde el segundo piso de la transformación, expreso mi desacuerdo con la intención de achicar los ayuntamientos y los congresos estatales, si esa determinación viene del centro, en donde recientemente fracasaron en un intento similar de modificar el procedimiento para acceder al congreso o poder legislativo.

El gobierno con visión centralista, aunque se asume federalista, pretende violentar la soberanía de los Estados o entidades federativas, así como la autonomía municipal, al imponer el tamaño de esas asambleas que de manera colegiada ejercen el poder legislativo, y los gobiernos municipales, y también buscan reglamentar los salarios y percepciones de quienes los integran.

Centrar el debate en asuntos que son perfectibles, algo normal en un universo integrado por más de dos mil cuatrocientos ayuntamientos y 32 Congresos locales, me parece que es una distracción del gobierno federal y su partido (morena), para no discutir los temas urgentes, relevantes e importantes.

Y no digo que carezca de importancia el tema, digo que es muy mañoso encausar el debate público a órganos de gobierno que son colectivos y que mal que bien tienen representación de todas las fuerzas políticas, cuando hay asuntos más importantes para discutir, resolver y corregir.

Aquí es pertinente recordar que vivimos en un país presidencialista, donde la presidenta posee y ejerce el único poder que realmente puede, y en consecuencia los asuntos  más importantes, los problemas más grandes, o para decirlo en términos positivos: las áreas de oportunidad, están, dependen y son responsabilidad del titular del poder ejecutivo federal.

Por eso creo que es una distracción discutir el tamaño de los congresos y ayuntamientos y los ingresos de los diputados, regidores, síndicos y presidentes municipales, cuando los poderes ejecutivos, sobre todo la presidencia, aunque también los gobernadores, ejercen presupuestos muchísimo más grandes y disponen de recursos materiales, humanos y monetarios en volumen y cantidad que, comparados con los legislativos locales y los ayuntamientos, resultan, estos últimos, ridículamente menores.

Como el problema de la inseguridad persiste, creo que sigue siendo necesario discutir esos temas, el deterioro de las instituciones de salud pública, el siempre perfectible sistema educativo, la construcción de vivienda popular que reclama exenciones en permisos y licencias, así como áreas verdes y de equipamiento a los ayuntamientos, con el deterioro de la calidad de vida de los que ya poseen casa; el abandono de la infraestructura y la cancelación de apoyos a productores rurales, todos estos son temas importantes, tanto o más importante que intentar bajar los salarios a los representantes populares, en una extraña y muy básica manera de expresar el descontento con la actuación de una clase política que sigue perdiendo el tiempo mirándose el ombligo y discutiendo temas internos.