POR I. GUADALUPE DÍAZ HERNÁNDEZ

¿QUIÉN MANDA EN SALUD?

 

*** LA SOMBRA DE VICENTE JOEL

*** EL DINERO QUE NO VOLVIÓ

*** TRUMP NO SE RINDE

*** EL RETO DE RECUPERAR LA CONFIANZA

 

Cd. Victoria.- Si la Secretaría de Salud de Tamaulipas hablara, seguramente no contaría historias de hospitales, médicos o pacientes. Hablaría de grillas, grupos de poder, contratos, renuncias, despidos y una lucha silenciosa por controlar una de las dependencias con mayor presupuesto del Gobierno del Estado.

Porque, a estas alturas, el problema ya no es quién ocupa el escritorio principal.

El problema es quién mueve realmente los hilos.

Primero fue VICENTE JOEL HERNÁNDEZ NAVARRO, quien abandonó la dependencia en medio de fuertes cuestionamientos y de investigaciones que, según las propias autoridades, continúan abiertas. Mucho se habló entonces de contratos, compras, adjudicaciones y presuntas irregularidades. Se prometieron investigaciones. Se anunciaron expedientes. Pero el tiempo ha pasado y los tamaulipecos siguen esperando conocer en qué terminaron aquellos anuncios que parecían marcar el inicio de una limpia profunda.

Para apagar el incendio llegó ADRIANA MARCELA HERNÁNDEZ CAMPOS.

Su nombramiento fue presentado como el comienzo de una nueva etapa.

La realidad duró apenas tres meses y medio.

Demasiado poco para una dependencia que administra miles de millones de pesos y de cuya operación dependen millones de tamaulipecos.

Su salida deja mucho más que un relevo administrativo.

Deja una enorme interrogante política.

¿Qué encontró ADRIANA al llegar?

¿Qué ocurrió para que una funcionaria decidiera abandonar el cargo prácticamente cuando apenas comenzaba a conocer la dependencia?

Las versiones que circulan dentro del propio sector salud coinciden en un mismo punto: la secretaria nunca tuvo el control absoluto de la institución.

Que las decisiones importantes se tomaban en otra parte.

Que había funcionarios con mucho mayor margen de maniobra que la propia titular.

Y ahí aparecen dos nombres que se repiten una y otra vez en los corrillos políticos: NORBERTO BARRÓN y JACOBO BATARSE.

Este último, por cierto, asciende ahora a la Jefatura de Gabinete tras la salida de RICARDO GERARDO GUERRERO MORALES de la Oficina del Gobernador para convertirse en el nuevo secretario de Salud.

Los movimientos parecen simples.

Pero políticamente dicen mucho.

Porque junto con ADRIANA también abandonan la dependencia SERGIA JUÁREZ DELGADO, PABLO MANCILLA y MAYRA MADYELLI RODRÍGUEZ DE LA CRUZ, además de otros colaboradores cercanos que formaban parte de su equipo.

Cuando se va un secretario, puede hablarse de un cambio de estrategia.

Cuando se va medio equipo, normalmente se trata de algo mucho más profundo.

Mientras tanto, hospitales con carencias, pacientes buscando medicamentos, equipos médicos insuficientes y trabajadores que siguen preguntándose por qué una de las secretarías con mayor presupuesto del estado parece vivir en permanente estado de turbulencia.

Ahora llega RICARDO GERARDO GUERRERO MORALES.

No llega a una dependencia estable.

Llega a una institución fracturada por dentro, desgastada hacia afuera y marcada por una sucesión de cambios que difícilmente pueden explicarse únicamente como ajustes administrativos.

Su principal desafío no será acomodar oficinas ni firmar nuevos nombramientos.

Será convencer a los tamaulipecos de que la Secretaría de Salud dejó de ser un campo de batalla político.

Porque, hasta ahora, los enfermos han visto desfilar secretarios.

Los médicos han visto desfilar grupos.

Los funcionarios han visto desfilar operadores.

Y los únicos que siguen esperando una verdadera mejoría son los ciudadanos.

Hay un viejo dicho en política que rara vez falla.

Cuando los secretarios cambian constantemente, pero quienes realmente toman las decisiones permanecen intactos, el problema nunca estuvo en los secretarios.

El problema siempre estuvo... detrás del escritorio.

Y como si fuera poco...

Mientras la Secretaría de Salud vuelve a cambiar de titular, el nombre de VICENTE JOEL HERNÁNDEZ NAVARRO se niega a abandonar los expedientes.

Y no precisamente por buenos resultados.

Ahora es GRUPO COMERCIAL INBIOAPLI quien decidió llevar el conflicto más allá de los pasillos burocráticos, presentando denuncias ante instancias de fiscalización, combate a la corrupción y la propia Fiscalía General de Justicia del Estado por la presunta cancelación irregular de contratos previamente autorizados por la Secretaría de Salud.

No se trata de cualquier servicio.

Uno de los contratos contemplaba la renta de un Arco en C y equipo de Rayos X para el Hospital General "Dr. Rodolfo Torre Cantú" de Altamira durante todo el ejercicio 2025.

El segundo correspondía al suministro, en calidad de comodato, de equipos de electrocauterio para quirófanos de diversos hospitales del estado, además de los consumibles necesarios para su funcionamiento.

Según la denuncia de la empresa, ambos contratos ya contaban con autorización y con recursos presupuestales asignados.

Sin embargo, el cinco de diciembre de 2025, el representante legal fue citado en el área de Recursos Materiales de la Secretaría de Salud, encabezada por DORA VALDÉS ZOZAYA, donde —según su versión— le informaron que los recursos no serían liberados y le solicitaron retirar los equipos que ya estaban operando en las unidades médicas.

Posteriormente, siempre de acuerdo con el señalamiento de la empresa, tanto DORA VALDÉS como VICENTE JOEL HERNÁNDEZ NAVARRO atribuyeron la decisión a "órdenes superiores".

¿Órdenes de quién?

Esa es precisamente una de las preguntas que ahora deberán responder las autoridades.

Si los contratos estaban firmados, autorizados y presupuestados, alguien tendrá que explicar qué ocurrió para que los equipos terminaran fuera de hospitales que los necesitaban.

Las denuncias ya fueron presentadas.

Ahora corresponde a la Contraloría, a los órganos anticorrupción y a la Fiscalía determinar si existieron irregularidades o si la actuación de los funcionarios se ajustó a la ley.

Lo cierto es que el nombre de VICENTE JOEL HERNÁNDEZ NAVARRO vuelve a aparecer.

Cuando los expedientes insisten en buscar al mismo personaje, difícilmente puede hablarse de una simple coincidencia.

Los secretarios pasan.

Pero los contratos... dejan huella.

Ahora bien...

Mientras otros expedientes apenas comienzan a integrarse, hay uno que ya camina en los tribunales y mantiene bajo proceso a quien administró las finanzas de Tamaulipas durante el sexenio pasado.

Se trata de MARÍA DE LOURDES "N", exsecretaria de Finanzas, quien compareció esta semana ante un juez para el desahogo de pruebas dentro de la causa penal que instruye la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

La exfuncionaria enfrenta cargos por ejercicio ilícito del servicio público y uso indebido de atribuciones, derivados de una inversión por 139 millones 239 mil pesos realizada con recursos destinados al fortalecimiento de la infraestructura de seguridad del Estado.

Según la Fiscalía Anticorrupción, ese dinero, proveniente de un fideicomiso para el equipamiento de la red estatal de videovigilancia durante el ejercicio fiscal 2021, fue transferido al Banco Accendo.

El problema vino después.

Apenas dos meses más tarde, la institución bancaria fue declarada en quiebra.

Y con ella, los más de 139 millones de pesos que debían servir para fortalecer la seguridad de los tamaulipecos.

En la carpeta de investigación también aparece mencionada la empresa Tres Diez, cuya participación forma parte de las diligencias que aún continúan.

Por ahora, MARÍA DE LOURDES "N" enfrenta el proceso en libertad, luego de cubrir una garantía económica de 300 mil pesos, además de mantener la obligación de firmar periódicamente ante la autoridad judicial y la prohibición de salir de Reynosa y del país.

Será el juez quien determine, conforme avance el proceso, si existen elementos suficientes para llevar el caso a juicio.

Más allá del desenlace jurídico, este expediente vuelve a recordar una realidad incómoda.

En Tamaulipas no solamente desaparecieron recursos destinados a la salud.

También hay millones de pesos cuyo destino sigue bajo el escrutinio de la justicia.

Cuando el dinero público termina perdido entre inversiones fallidas, bancos quebrados y expedientes judiciales, la pregunta siempre termina siendo la misma.

¿Quién va a responder por ese quebranto?

Vale la pena detenerse...

Una vez más, DONALD TRUMP dejó claro que perder una batalla judicial no significa abandonar una causa política.

La Corte Suprema de Estados Unidos frenó la orden ejecutiva con la que el presidente buscaba eliminar la ciudadanía automática para los hijos de personas indocumentadas o con estancia temporal nacidos en territorio estadounidense, al considerar que la medida contraviene la Enmienda 14 de la Constitución.

El fallo parecía cerrar el capítulo.

Pero TRUMP piensa distinto.

Apenas conocida la resolución, volvió a cuestionar la decisión del máximo tribunal y anunció que buscará otras rutas, incluso desde el Congreso, para limitar uno de los derechos constitucionales con mayor arraigo en la historia de Estados Unidos.

No es un asunto menor.

Para millones de familias migrantes, particularmente mexicanas, la ciudadanía por nacimiento representa una garantía jurídica que durante más de un siglo ha sido reconocida por la Constitución estadounidense, independientemente del estatus migratorio de los padres.

Por eso el debate trasciende las fronteras de aquel país.

También interesa a México.

Porque cualquier modificación en la política migratoria estadounidense termina repercutiendo en miles de familias que viven, trabajan o mantienen vínculos a ambos lados de la frontera.

Con las elecciones intermedias cada vez más cerca y la migración convertida nuevamente en uno de los principales temas de la agenda política, todo indica que DONALD TRUMP seguirá utilizando este asunto como una de sus principales banderas.

Si algo ha demostrado el republicano es que cuando la ley le cierra una puerta...

Siempre intenta abrir otra.

Lo que son las cosas...

Después del escándalo que terminó con la salida del director operativo de Tránsito, el alcalde EDUARDO GATTÁS BÁEZ dejó claro que los retenes antialcohol no desaparecerán.

Y, en realidad, tampoco tendrían por qué hacerlo.

Una cosa son los presuntos abusos denunciados por algunos ciudadanos y otra muy distinta la utilidad que esos operativos han tenido para reducir accidentes provocados por conductores en estado de ebriedad.

El propio alcalde sostiene que los resultados hablan por sí solos.

Saldo blanco en accidentes graves y una disminución importante de percances durante los fines de semana.

El verdadero problema nunca fueron los operativos. El problema era la confianza.

Conviene hacer una precisión. El alcalde únicamente tiene facultades para remover al Director Operativo. El Director de Tránsito depende del Gobierno del Estado. Hecha la aclaración, la pregunta cambia de destinatario: si JOSÉ LUIS ARROYO NEGRETE fue cesado por pérdida de confianza, ¿el Gobierno del Estado mantiene intacta la confianza en JAVIER CÓRDOBA GONZÁLEZ? ¿Por qué?

Por eso ahora el Ayuntamiento analiza varios perfiles para ocupar la Dirección Operativa de Tránsito, todos sujetos a los exámenes de control y confianza que deberán realizarse en coordinación con el Gobierno del Estado.

Incluso, GATTÁS no descartó que, si los aspirantes civiles no cumplen con los requisitos, pueda llegar un militar o un exintegrante de la Policía Federal.

La prioridad, dijo, es encontrar a una persona honesta que trate con respeto a los ciudadanos.

Habrá que esperar.

Sustituir a un funcionario resulta relativamente sencillo.

Lo complicado será convencer a los victorenses de que los retenes volverán a ser vistos como una medida de prevención y no como una oportunidad para el abuso.

Esa será la verdadera prueba para quien llegue a ocupar la Dirección Operativa.

Los operativos pueden continuar.

Lo que no puede continuar es la desconfianza ciudadana.

POR HOY ES TODO. LO DEMÁS SE LO CUENTO EN LA PRÓXIMA

P.D.- El dirigente nacional del PAN, JORGE ROMERO, propuso cadena perpetua para los llamados "narcopolíticos", al considerar que no existe mayor traición que un servidor público coludido con la delincuencia organizada. La propuesta suena interesante. Sobre todo porque, si algún partido tendría oportunidad de predicar con el ejemplo, sería el suyo. Ahí está el caso del exgobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, quien enfrenta señalamientos e investigaciones por presuntos delitos como delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal. Así que, si de verdad van en serio... que empiecen por casa.

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