Por Omar Reyes

Extraña poda de auditorías municipales

 

En Tamaulipas la fiscalización suele presentarse como una batalla frontal contra la corrupción, hasta que las auditorías comienzan a acercarse demasiado a los gobiernos políticamente importantes.

Entonces aparecen los ajustes, las prioridades técnicas, la reorganización de cargas de trabajo y toda esa lista de expresiones burocráticas que sirven para explicar por qué algo que se anunció con entusiasmo termina haciéndose a medias.

El Congreso aprobó retirar del Programa Anual de Auditoría 2026 las revisiones de desempeño previstas para nueve municipios: Ciudad Madero, Jaumave, Tula, Soto la Marina, San Carlos, Matamoros, Altamira, Ciudad Victoria y Tampico.

No son precisamente nueve alcaldías irrelevantes.

En la lista aparecen algunos de los municipios con mayor presupuesto, peso electoral e influencia política del estado. También figuran ciudades gobernadas por personajes que ya piensan en 2027, que buscan reelegirse, heredar el poder o mantener intactas sus estructuras municipales.

La justificación oficial fue que la Auditoría Superior del Estado solicitó modificar su programa para concentrar recursos en las revisiones restantes y garantizar trabajos con mayor objetividad, exhaustividad y rigor técnico.

Suena impecable, el problema es que la fiscalización no sólo debe ser técnica, también tiene que generar confianza y eliminar revisiones precisamente en municipios de alta relevancia política produce el efecto contrario.

No es que las auditorías financieras hayan desaparecido, porque las cuentas públicas y el manejo de recursos continúan sujetos a revisión. Aquí lo que se retiró fueron auditorías de desempeño, esas que permiten conocer si los programas, obras y políticas públicas operan con economía, eficacia y eficiencia.

Así de pronto puede confundir, pero dicho simple, pues es que una auditoría financiera puede revisar si el dinero fue gastado y documentado, y una de desempeño pregunta si ese gasto sirvió para algo, y ésa es precisamente la pregunta que más incomoda.

Porque un municipio puede presentar facturas, contratos, transferencias y expedientes aparentemente completos, pero incluso con todo eso puede seguir teniendo calles destruidas, servicios deficientes, fugas de agua, obras retrasadas, programas sociales sin resultados y nóminas cada vez más abultadas.

Es decir, puede comprobar cuánto gastó, aunque no pueda demostrar para qué sirvió.

Casualmente la exclusión de Victoria resulta conveniente, aquí la administración de Eduardo “Lalito” Gattás ha enfrentado cuestionamientos por observaciones millonarias, evidentes deficiencias en servicios públicos y problemas en la infraestructura hidráulica.

Lalito podrá insistir en que las observaciones son documentos pendientes o errores administrativos, lo que ya no tendrá es una revisión específica que mida si sus políticas públicas han sido eficaces.

No es lo mismo demostrar que se compraron camiones recolectores que comprobar que la basura se recoge en la ciudad.

No es lo mismo comprobar gasto en pavimentación que demostrar que disminuyeron los baches y las calles destruidas.

No es lo mismo aumentar el presupuesto de agua potable que garantizar que el líquido llegue a las viviendas.

En política, los documentos pueden solventarse, pero la realidad de una ciudad es más difícil de maquillar.

Mientras, en Tampico ocurre algo distinto, pero igualmente delicado, justo cuando atraviesan una etapa en la que el grupo político gobernante -el de la hermana del Gobernador- busca conservar influencia más allá de los periodos formales, y más ahora que la amenaza del regreso de Chucho Nader es dispersada por él mismo, por aquí y por allá.

Si Mónica Villarreal ejerce correctamente el dinero y además genera resultados, no habría motivo para retirar la evaluación.

En ese contexto, insisto que retirar una auditoría no prueba protección, pero sí alimenta sospechas, la fiscalización debería cerrar espacios a la especulación, no abrirlos.

Y bueno, con esto los diputados del régimen evidencian que es “de dientes pa’ fuera” lo que prometen a la gente, pues apenas en diciembre de 2025, presentaron el Programa Anual de Auditoría 2026 como un “pacto con la ciudadanía” para proteger el erario, fortalecer la fiscalización y consolidar la colaboración con la Auditoría Superior, y unos meses después, ese pacto ya tiene nueve municipios menos.

La fiscalización no sólo consiste en buscar desvíos, también debe exhibir gobiernos ineficientes, programas inútiles y obras que no resolvieron nada.

Por eso, el argumento de que se eliminaron algunas auditorías puede ser técnicamente defendible, pero políticamente es desastroso y seguramente pasará factura política a la “cabeza” del Congreso, el diputado Humberto Prieto.

Quizá todo sea una simple reorganización, quizá la Auditoría Superior realmente necesitaba concentrar recursos, quizá no existe ninguna intención de proteger alcaldes y cuidar proyectos políticos, pero la transparencia no debería depender de tantos “quizá”.