* La chamba de los diputados no solo es subir a la tribuna; el trabajo de un representante empieza por leer, entender y revisar lo que firma antes de presentarlo.

 

Por Martín Díaz / Periodismo con Firma

Ciudad Victoria, Tam.- En el caso de la diputada de Morena Francisca Castro Armenta, algo está fallando desde antes de llegar a la tribuna.

Castro presentó ante la Diputación Permanente un punto de acuerdo para solicitar a los 43 municipios que analicen sus deudas, incluidas las heredadas. La propuesta suena responsable, pero se desmorona cuando se revisa el marco jurídico: los ayuntamientos ya están obligados por ley a registrar y transparentar sus pasivos, mientras el Congreso cuenta con la Auditoría Superior del Estado para fiscalizarlos.

El punto de acuerdo no plantea una auditoría especial, no establece una metodología ni fija plazos. Lo absurdo es pedir a los municipios que analicen información que están obligados a reportar y que el Congreso, por conducto de la Auditoría Superior, tiene facultades para revisar.

Si la diputada quisiera conocer cuánto deben los municipios, a quién le deben y qué administraciones contrajeron esos compromisos, podría promover que la Auditoría Superior realice una revisión específica y publique sus resultados.

Pero eso implicaría revisar expedientes, identificar administraciones y publicar cifras que podrían resultar incómodas. Resulta mucho más sencillo hablar de transparencia, mencionar la Agenda 2030 y solicitar respetuosamente que los ayuntamientos cumplan obligaciones que ya existen en la ley.

El episodio podría atribuirse a un descuido de sus asesores, de no ser por el antecedente de marzo pasado, cuando la diputada interrumpió su propia intervención sobre el trasvase de agua al descubrir que entre las hojas que llevaba apareció un texto sobre la vacunación contra el sarampión. “¿Quién me dio esto?”, reclamó frente al micrófono.

Aquel tropiezo exhibió la falta de lectura previa. Hoy, su oficina vuelve a colocarla en una posición difícil: ya no por mezclar temas sin relación, sino por presentar como novedad una obligación vigente y solicitar información que el Congreso tiene facultades para revisar.

Dos episodios similares obligan a preguntar cuánto conoce la diputada de las propuestas que firma y qué clase de revisión realiza su equipo antes de colocarlas en sus manos.

Un equipo legislativo no está para llenar hojas con frases trilladas, sino para estudiar leyes y construir propuestas con resultados concretos. Un asesor tampoco cumple por entregar páginas suficientes para cubrir el tiempo en tribuna, sino por evitar que su diputada termine exhibida al presentar como nuevo lo que ya existe.

Francisca Castro puede exigir mejores documentos a su equipo. Los ciudadanos, por su parte, tienen derecho a exigirle que conozca y revise aquello que presenta.

Porque los asesores preparan los textos, pero no fueron ellos quienes pidieron el voto ni ocupan la curul como representantes populares.

En marzo, Francisca Castro preguntó quién le había entregado aquel documento. Hoy, después de otro documento cuestionable, lo que queda bajo duda es su capacidad legislativa y la calidad del equipo que la acompaña.

El enemigo no siempre se sienta en la bancada contraria. A veces lo tenemos en la propia casa.

Ahí están los hechos. Que cada quien saque sus conclusiones.