Por Omar Reyes

Huelen a combustible y van a campaña

 

En Tamaulipas la elección de 2027 todavía no comienza formalmente, pero la campaña ya se instaló en espectaculares, recorridos, encuestas, eventos multitudinarios y publicaciones producidas para las redes sociales.

Lo extraño es que algunos de los que buscan aparecer en la boleta también figuran, y desde hace años, en señalamientos relacionados con Sergio Carmona, el empresario asesinado en 2021 y al que se le conoce como “El rey del huachicol”.

Claro, señalamiento no significa sentencia, menos aparecer en una investigación periodística equivale a una condena y ningún pleito político sustituye el trabajo de una fiscalía.

Pero tampoco puede exigirse que la población finja amnesia.

Sergio Carmona no fue un personaje menor, investigaciones lo han colocado en el centro de una red ligada al contrabando de combustibles, con relaciones políticas que van del PRI al PAN y después a Morena. Ha sido relacionado con contratos públicos, operadores electorales y el presunto financiamiento de campañas, aunque una parte importante de esas acusaciones sigue sin esclarecerse, al menos judicialmente.

El problema para Morena es que varios, muchos, la mayoría, de los nombres mencionados en esa relación no se han ido de la vida pública, por el contrario, hoy gobiernan, ocupan escaños o construyen proyectos para la próxima elección.

La senadora Olga Sosa, originaria de Tampico, aparece desde hace meses entre los perfiles con aspiraciones a la candidatura a la gubernatura; tampoco Carmen Lilia Canturosas esconde su proyección más allá de Nuevo Laredo y con intensiones de mudarse a Ciudad Victoria.

Sin embargo, ambas mujeres políticas fueron incluidas por el diputado federal Mario López Hernández entre los personajes que, según sus declaraciones, deberían explicar presuntas participaciones con las redes de huachicol.

En la misma lista metió al alcalde de Victoria, Eduardo Gattás, y a otros integrantes de la clase política tamaulipeca, como al alcalde de Ciudad Madero, Erasmo González y al secretario general de Gobierno, Héctor Villegas.

Claro que el Gobierno del Estado respondió correcta y puntualmente que quien acusa debe acudir ante las autoridades y presentar pruebas, pruebas, pruebas.

Claro que luego “La Borrega” se desdijo de lo que sí dijo y calificó el material difundido en audio como un montaje político.

Y claro que hasta ahora -y así seguirán- los señalamientos públicos no se han traducido en sentencias contra las personas mencionadas, ni siquiera en investigaciones o mínimo una carpetita de la Fiscalía para aparentar trabajo.

Obvio que reducir todo a la frase “que presenten pruebas, pruebas, pruebas”, tampoco resuelve el problema político.

Quien pretende gobernar Tamaulipas no debería conformarse con decir que no existe una investigación o una orden de aprehensión en su contra, al contrario, tendría que explicar si conoció a Sergio Carmona, en qué circunstancias, si utilizó sus aeronaves, vehículos, operadores o recursos relacionados con sus empresas y si recibió algún tipo de apoyo durante sus campañas.

Claro que no porque una fotografía, un video o un audio sea prueba de un delito, sino porque el silencio no es suficiente cuando se aspira a administrar un estado señalado como epicentro nacional del huachicol fiscal.

Bueno, la única que lo ha aclarado es Sosa Ruíz, que en 2021 explicó que conoció a Carmona, y que por su cercanía con Julión Álvarez, le ayudó a conseguir que cantara en su cierre de campaña, cuando compitió y perdió la alcaldía de Tampico.

Y aunque Erasmo, así sin N, aparece en las bitácoras de los vuelos del avión privado de Carmona, por años intentó tapar esa amistad, pero hace poco reconoció que tuvo una relación profesional e institucional, y claro, rechazó que eso implicara su participación en actividades ilícitas. Sin olvidar que a cierto alcalde se le señaló por trasladarse -estando ya en el cargo- en una camionetona mafufona propiedad de una de las empresas de Sergio.

Diversas investigaciones periodísticas han evidenciado que más del 95% del combustible movilizado por las diez empresas investigadas por huachicol, habría ingresado por aduanas de Tamaulipas.

Las pesquisas federales también han conectado los puertos de Tampico y Altamira, las aduanas fronterizas, empresas transportistas, funcionarios y hasta mandos militares, con redes de contrabando que operaron varios años.

Y mientras los aspirantes recorren colonias y presumen su cercanía con la gente, en Reynosa, apareció una refinería clandestina con casi cuatro millones de litros de hidrocarburos y equipo suficiente para producir gasolina, diésel y hasta turbosina para los aviones.

Dicen que operó desde hace unos cuatro años, sólo a poca distancia de un cuartel de la Guardia Nacional, y sin que hasta ahora se hayan reportado detenidos. Ese hallazgo retrata mejor que cualquier dicho el tamaño de la protección, porque una refinería clandestina no cabe debajo de una mesa.

Lo mismo ocurre con el dinero electoral. Los recursos ilícitos no aparecen mágicamente en una campaña, alguien los entrega, alguien los recibe, alguien paga vehículos, combustible, propaganda, movilización y operadores, después, alguien espera cobrar los favores.

Ahora, algunos de los personajes señalados quieren volver a pedir el voto sin haber explicado sus nexos o relaciones turbias.

Apuestan a que una campaña con medios afines y redes sociales, baste para “limpiar” o distraer al elector y para sepultar el pasado.

Tal vez tengan razón, Tamaulipas es un estado donde los expedientes suelen durar menos que las aspiraciones.

Y ojo, no se trata de condenar sin juicio, se trata de no premiar el silencio con una candidatura.