Ciudad Victoria, Tam.- El discurso de pacificación y supuesta estabilidad que abandera el gobernador Américo Villarreal Anaya choca de frente con las cifras de la propia Secretaría de Gobernación y la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB).

Con un acumulado de 13,856 registros activos de personas desaparecidas y no localizadas al corte de agosto de 2026, Tamaulipas se posiciona trágicamente como la segunda entidad con más casos en todo el país, superada únicamente por el Estado de México.

Las cifras oficiales desmantelan la narrativa del Poder Ejecutivo estatal. Mientras el gobernador evade de forma sistemática el diálogo con los colectivos de madres y familias de desaparecidos —a quienes ignora en sus exigencias de justicia y recursos para la búsqueda en campo—, el tablero nacional coloca a la entidad en la cúspide de una crisis de violencia e impunidad que no se puede ocultar con discursos oficiales ni boletines triunfalistas.

De acuerdo con el informe oficial de la CNB, el panorama nacional ubica a los estados más golpeados por este delito de la siguiente manera:

* Estado de México: 14,512 registros.

* Tamaulipas: 13,856 registros.

* Jalisco: 12,971 registros.

* Michoacán: 8,003 registros.

* Nuevo León: 7,564 registros.

A pesar de que el mandatario estatal suele declarar en actos públicos que Tamaulipas transita por una etapa de tranquilidad, los casi 14,000 expedientes abiertos representan una herida sangrante que desmiente cualquier intento de simulación.

Para las familias que recorren solas los parajes y fosas clandestinas de la entidad, el segundo lugar nacional no es solo una estadística: es la prueba contundente de la indiferencia gubernamental y el colapso del sistema de justicia en el estado.

El choque entre las declaraciones de "paz" del Ejecutivo y la dura realidad de las cifras federales deja al Gobierno del Estado de Tamaulipas sin margen de maniobra.

Las autoridades estatales quedan obligadas a abandonar la negación de la crisis y atender de manera prioritaria la emergencia humanitaria que azota a miles de familias en el territorio tamaulipeco.

Por su parte, Colectivos de madres buscadoras y organizaciones civiles denuncian falta de tecnología forense adecuada, deficiencias en las investigaciones y exigen mayor apoyo presupuestal para la identificación humana

Municipios como Nuevo Laredo y Reynosa concentran una parte importante de la incidencia histórica y actual en la entidad.

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