Por Melitón García de la Rosa

Tamaulipas ante el miedo…

 

Hay cifras que incomodan más que un operativo fallido y estadísticas que hacen más ruido que una conferencia de prensa.

Así es mis queridos boes, los resultados más recientes de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI, son de esas que obligan a los gobiernos a guardar los aplausos, revisar el discurso y, de preferencia, explicar qué está pasando en la calle.

Porque una cosa es lo que dicen los funcionarios desde la comodidad de las entrevistas a modo, los templetes y otra, muy distinta, lo que piensa la gente cuando cierra la puerta de su casa, sale a trabajar o tiene que regresar de noche.

En Tamaulipas, la percepción de inseguridad pinta un mapa de contrastes que debería encender las alarmas.

Reynosa aparece con un contundente 80.3 por ciento de su población adulta que considera inseguro vivir en la ciudad.

Ciudad Victoria donde mal gobierna LALO GATTAS, brincó de 47.5 a 56.5 por ciento en apenas un trimestre. En el otro extremo, Tampico de MÓNICA VILLARREAL registra 28.7 por ciento y Nuevo Laredo de CARMEN LILIA CANTUROSAS, 20.4.

Traducido al español de la calle: en Reynosa, ocho de cada diez adultos sienten que viven en una ciudad insegura. Y en Ciudad Victoria, la preocupación creció nueve puntos porcentuales en tres meses.

Pero seguramente habrá quien encuentre la manera de presentar el asunto como un éxito. Para eso sirven las conferencias, las gráficas con colores alegres y los discursos donde siempre hay avances, coordinación y resultados contundentes. El problema es que la percepción ciudadana no siempre obedece al guion oficial.

Vamos por partes, Reynosa bajó de 86.6 por ciento en junio a 80.3 en septiembre. Son 6.3 puntos porcentuales menos, y sería absurdo negar que se trata de una mejoría en el indicador.

Pero tampoco hay que echar las campanas al vuelo. Con ocho de cada diez adultos sintiéndose inseguros, el problema sigue siendo mayúsculo. Si el gobierno presume la reducción, también debe explicar por qué el temor continúa instalado entre la población.

Porque una cosa es presumir que el miedo disminuyó y otra convencer a la gente de que puede vivir tranquila.

La pregunta es sencilla: ¿la mejoría responde a una reducción sostenida de los problemas de seguridad o se trata de un movimiento trimestral que todavía necesita confirmación?

Ahí es donde las autoridades deben dejar de lado la propaganda y poner sobre la mesa resultados verificables. Menos triunfalismo y más información sobre delitos, extorsiones, homicidios, desapariciones y desempeño policial.

Lo de Victoria, merece un capítulo aparte.

La capital tamaulipeca pasó de 47.5 por ciento en junio a 56.5 en septiembre, son 9 puntos porcentuales de incremento en un trimestre. No es un dato para esconder debajo de la alfombra ni para despachar con una declaración de trámite.

La capital no es solamente el asiento de los poderes públicos. Es también el lugar donde la ciudadanía espera que las instituciones funcionen, que las policías respondan y que la tranquilidad no dependa de la suerte.

Cuando la percepción de inseguridad sube de esa manera, la autoridad tiene la obligación de explicar qué está ocurriendo. No basta con enumerar patrullas, operativos, reuniones de coordinación o fotografías de funcionarios alrededor de una mesa.

La gente no califica la seguridad por el número de boletines que recibe, sino por lo que experimenta cuando sale a la calle.

Y aquí aparece una pregunta incómoda: ¿qué está fallando para que más ciudadanos consideren insegura su propia ciudad? La encuesta no ofrece por sí sola la respuesta, pero sí coloca la pregunta sobre el escritorio de quienes tienen la responsabilidad de atenderla.

En Tampico, la percepción se mantiene prácticamente estable, con 28.7 por ciento, frente al 28.4 registrado en junio. Nuevo Laredo, por su parte, bajó de 26.5 a 20.4 por ciento.

Son resultados favorables en términos de percepción, pero tampoco autorizan a repartir medallas antes de tiempo.

Una ciudad puede registrar una percepción relativamente baja y seguir enfrentando problemas delictivos específicos. También puede mejorar un indicador sin que todas sus colonias, sectores o grupos sociales experimenten el mismo cambio.

Lo importante es entender por qué estas ciudades presentan resultados tan distintos y qué políticas públicas pueden explicar, al menos en parte, esas diferencias.

Si Nuevo Laredo reduce su indicador, habrá que analizar qué cambió y si la tendencia se sostiene. Si Tampico conserva una percepción favorable, habrá que identificar qué funciona y cómo se mantiene. Y si Reynosa sigue en niveles críticos, el diagnóstico debe ser mucho más profundo que una comparación entre dos trimestres.

Porque gobernar no es solamente anunciar resultados: es entenderlos, explicarlos y demostrar que benefician a la gente.

Aquí conviene hacer una precisión que puede arruinarle la fiesta a más de un político: la ENSU mide percepción de inseguridad, no el total de delitos cometidos en una ciudad.

Por tanto, una reducción en el porcentaje no demuestra automáticamente que bajaron los homicidios, los robos o las extorsiones. Del mismo modo, un aumento de la percepción no prueba, por sí solo, que todos los delitos hayan crecido en la misma proporción.

Son indicadores distintos, aunque relacionados.

Precisamente por eso, quien quiera presumir avances debe acompañar las cifras de percepción con datos de victimización, denuncias, incidencia delictiva, confianza en las corporaciones y resultados de las investigaciones.

De lo contrario, estaremos ante el viejo truco de escoger la estadística que más conviene, presumirla cuando favorece y descalificarla cuando incomoda.

Y ese juego no resuelve un solo problema de seguridad.

Los números de Tamaulipas dejan una conclusión difícil de ignorar: no existe una sola realidad de seguridad para todo el estado.

Reynosa continúa en niveles críticos, Victoria presenta un repunte preocupante. Tampico conserva una percepción comparativamente favorable y Nuevo Laredo registra el porcentaje más bajo de estas cuatro áreas urbanas.

La diferencia entre Reynosa y Nuevo Laredo alcanza 59.9 puntos porcentuales. Una distancia enorme que obliga a investigar qué factores intervienen en la percepción de los ciudadanos y qué condiciones explican las diferencias.

No se trata de declarar ganadores y perdedores con una encuesta. Se trata de exigir diagnósticos serios, objetivos medibles y resultados sostenidos.

La seguridad no puede convertirse en una competencia de propaganda donde cada autoridad escoge su mejor cifra y la presenta como prueba irrefutable de éxito. Tampoco basta con culpar a otros gobiernos, señalar circunstancias heredadas o refugiarse en la complejidad del problema.

La responsabilidad pública consiste en reconocer lo que funciona, corregir lo que falla y rendir cuentas sobre lo que todavía no se resuelve.

Porque al final, el ciudadano no vive dentro de una gráfica ni duerme debajo de un porcentaje. Vive en una colonia, camina por una calle, toma el transporte, lleva a sus hijos a la escuela y espera regresar a casa sin convertirse en una estadística.

Y ahí está la verdadera confesión que dejan estos números: mientras los gobiernos pueden discutir si el indicador subió o bajó, la gente sigue esperando algo mucho más elemental que un buen boletín.

Poder vivir sin miedo.

Lo demás, por más vistoso que aparezca en una conferencia, sigue siendo discurso!