Ciudad Victoria
Por I. Guadalupe Díaz Hernández
TAMAULIPAS, BAJO PRESIÓN
* ¿EL APELLIDO DA PRIVILEGIOS?
* EL RESPALDO A SHEINBAUM
* LAS CUENTAS DEL INE
* PENSIONES BAJO LA LUPA
* TICO Y SU APUESTA POR VICTORIA
Cd. Victoria.- Bastaron unas cuantas horas para que miles de tamaulipecos volvieran a experimentar una realidad que nadie debería considerar normal: carreteras bloqueadas, vehículos incendiados, comercios cerrados y familias preguntándose si sus seres queridos podrían regresar a casa.
Lo ocurrido ayer jueves en MATAMOROS por la captura de un líder de la delincuencia organizada no quedó encerrado en aquella ciudad fronteriza. La situación se extendió hacia RÍO BRAVO, VALLE HERMOSO y SAN FERNANDO, mientras las afectaciones alcanzaron también la carretera VICTORIA-MATAMOROS, a la altura de PADILLA.
Grupos delincuenciales atravesaron unidades de carga, provocaron incendios y colocaron obstáculos para impedir la circulación. Hubo automovilistas varados, transportistas afectados y padres de familia pendientes de sus hijos en las escuelas.
En MATAMOROS se reportaron bloqueos en importantes avenidas. En SAN FERNANDO quedaron interrumpidas las conexiones hacia MATAMOROS y REYNOSA. La carretera federal, esa por donde diariamente circulan trabajadores, mercancías, estudiantes y familias, volvió a convertirse en escenario de incertidumbre.
Las autoridades estatales y federales desplegaron operativos para retirar obstáculos y restablecer la circulación. La Vocería de Seguridad informó sobre la reapertura de distintos tramos, incluido el kilómetro 45 de la carretera VICTORIA-MATAMOROS.
La seguridad no puede medirse únicamente por la rapidez con que se retiran los vehículos incendiados. Debe medirse, sobre todo, por la posibilidad de que esos hechos no vuelvan a repetirse.
Aquí no se trata de alimentar el miedo ni de convertir la violencia en espectáculo. Mucho menos de conceder protagonismo a los grupos delincuenciales.
Se trata de los ciudadanos.
Del comerciante que tuvo que cerrar. Del chofer que perdió su herramienta de trabajo. De la madre que no sabía si podría recoger a sus hijos. Del viajero que quedó detenido en una carretera sin tener responsabilidad alguna en lo que estaba ocurriendo.
TAMAULIPAS necesita respuestas, coordinación y resultados sostenidos. El gobernador AMÉRICO VILLARREAL ANAYA y las autoridades federales tienen frente a sí una responsabilidad que no admite discursos complacientes.
La recuperación de la tranquilidad exige algo más que comunicados. Exige que los tamaulipecos puedan transitar por su propio estado sin consultar primero si el camino está libre.
Ese debería ser el verdadero indicador de seguridad.
Mientras tanto...
Algunos gobiernos enfrentan un desgaste acelerado, CLAUDIA SHEINBAUM mantiene una aprobación del 70 por ciento al cumplir dos años en la Presidencia de México.
La encuesta nacional de EL FINANCIERO, levantada durante septiembre, revela una realidad que sus adversarios políticos harían bien en estudiar antes de descalificar.
Siete de cada diez ciudadanos aprueban su gestión. Eso no significa que siete de cada diez estén satisfechos con absolutamente todo lo que ocurre en el país.
Ahí está precisamente lo interesante.
En seguridad, solamente el 27 por ciento evaluó favorablemente el desempeño gubernamental. En economía, las opiniones positivas alcanzaron el 49 por ciento. Los programas sociales, en cambio, registraron una evaluación favorable del 68 por ciento.
La ciudadanía distingue entre el respaldo a una presidenta y la calificación que merece cada área de su administración.
Atribuir toda esa aprobación a la entrega de apoyos sociales sería una explicación demasiado cómoda. Los programas pueden influir, ciertamente, pero también intervienen la identificación política, las expectativas económicas y la percepción de cercanía con el gobierno.
Del otro lado, presumir una aprobación elevada como demostración de que todos los problemas están resueltos sería igualmente equivocado.
SHEINBAUM cuenta con un respaldo significativo. Sus críticos tienen derecho a cuestionarla; sus simpatizantes, a defender sus resultados.
Ninguno debería olvidar que la popularidad no sustituye las obligaciones de gobierno.
La verdadera prueba consiste en convertir ese respaldo en mejores servicios públicos, seguridad y oportunidades para quienes todavía esperan resultados.
Por cierto, la renuncia de GUADALUPE TADDEI a la presidencia del Instituto Nacional Electoral no puso punto final al escándalo de las contrataciones. Por el contrario, abrió una revisión que podría alcanzar administraciones anteriores.
La presidenta SHEINBAUM pidió investigar también los contratos celebrados durante la gestión de LORENZO CÓRDOVA, particularmente aquellos relacionados con proveedores de materiales electorales que continuaron trabajando con el organismo durante varios años.
La exigencia tiene sentido: si se pretende conocer el origen de posibles irregularidades, no puede fijarse arbitrariamente una fecha para comenzar a revisar los expedientes.
Tampoco sería correcto responsabilizar automáticamente a CÓRDOVA por contratos adjudicados durante su presidencia. La investigación deberá establecer procedimientos, autorizaciones y eventuales responsabilidades individuales.
Un dato que alimenta el debate es que TADDEI fue designada presidenta del organismo electoral de Sonora en 2014, cuando el Consejo General del INE estaba encabezado por CÓRDOVA.
Ese antecedente permite reconstruir su trayectoria institucional, aunque no demuestra que existiera una relación de subordinación política entre ambos.
Por lo pronto, el Órgano Interno de Control del INE reportó investigaciones relacionadas con funcionarios y empresas, mientras la Auditoría Superior de la Federación revisa posibles conflictos de interés y anomalías contractuales.
La presidencia provisional de BLANCA YASSAHARA CRUZ GARCÍA tendrá que enfrentar una tarea delicada: recuperar la confianza institucional sin adelantar condenas ni permitir que las renuncias sustituyan las investigaciones.
Los contratos no tienen partido político. Las responsabilidades tampoco deberían tenerlo.
Lo contrario sería utilizar la fiscalización para ajustar cuentas entre adversarios, en lugar de esclarecer el destino del dinero público.
En otro asunto, las irregularidades detectadas en la Modalidad 40 del Instituto Mexicano del Seguro Social merecen atención.
La Auditoría Superior de la Federación encontró registros de asegurados con edades de ocho y hasta 113 años, movimientos salariales inconsistentes e inscripciones que no cumplían los requisitos legales.
También aparecieron casos de modificaciones que habrían permitido calcular pensiones con salarios superiores a los realmente acreditados.
PEDRO VÁZQUEZ COLMENARES, especialista en seguridad social, estima que las irregularidades podrían representar hasta 100 mil millones de pesos durante 2024. Se trata de un cálculo preliminar, no de un daño patrimonial definitivamente acreditado.
El IMSS comenzó a modificar procedimientos para combatir abusos. Hasta ahí, la intención resulta comprensible.
El problema aparece cuando las medidas generales terminan afectando también a trabajadores que cotizaron legalmente durante décadas y buscan mejorar su jubilación conforme a las reglas vigentes.
Si hubo gestores, empresas fachada o funcionarios que facilitaron operaciones fraudulentas, corresponde investigarlos y sancionarlos mediante los procedimientos legales.
No sería justo que quienes cumplieron con sus obligaciones pagaran las consecuencias de las trampas cometidas por otros.
La solución no consiste en castigar indiscriminadamente a los futuros pensionados, sino en identificar los expedientes irregulares, corregir los controles y proteger los derechos legítimamente adquiridos.
Con las pensiones de los trabajadores no debería improvisarse.
Finalmente, en los terrenos de la política victorense, JORGE “TICO” GARCÍA vuelve a colocarse en la conversación pública, ahora desde las filas del Partido Acción Nacional.
Después de buscar espacios de participación en el entorno de MORENA, el empresario decidió incorporarse formalmente al PAN, donde recientemente recibió el nombramiento de coordinador de la Defensa de la Patria, la Familia y la Libertad en Ciudad Victoria.
En una entrevista habló de sus aspiraciones, rechazó estar aferrado a un cargo público y aseguró que su principal interés es trabajar por el bienestar de las familias victorenses.
También sostuvo que las actividades que realiza se financian con recursos propios y negó que busque recuperar mediante un eventual cargo municipal el dinero invertido.
Son declaraciones que merecen ser escuchadas, como también merecen ser examinadas las propuestas de cualquier ciudadano que aspire a gobernar la capital.
TICO tiene una ventaja: conoce el ámbito empresarial, ha generado empleos y lleva tiempo desarrollando actividades de contacto con distintos sectores de Victoria.
Ahora tiene la oportunidad de traducir esa experiencia en propuestas concretas sobre servicios públicos, infraestructura, desarrollo económico y atención ciudadana.
Su incorporación al PAN representa una nueva etapa política. El reto será demostrar que su proyecto puede trascender los colores partidistas y construir una propuesta que responda a las necesidades reales de la ciudad.
Ciudad Victoria necesita ciudadanos dispuestos a involucrarse en sus problemas, independientemente de su procedencia política.
La participación de TICO GARCÍA amplía las opciones y abre una conversación que debe centrarse en proyectos, capacidad y compromisos verificables, no solamente en disputas entre partidos.
Será la ciudadanía quien, llegado el momento, evalúe sus resultados y sus propuestas.
Por ahora, lo importante es que la política victorense discuta soluciones. Bastantes problemas tiene ya la capital como para desperdiciar el tiempo en pleitos estériles.
Por hoy es todo. Lo demás se lo cuento en la próxima.
P.D. Dicen que hay personajes a quienes se les termina el poder, pero se les olvida avisarle a su ego.
El fin de semana pasado, según versiones que llegaron a esta columna, se habría registrado un incómodo episodio en un conocido restaurante de la calle 8 de Ciudad Victoria, donde el protagonista habría sido JOSÉ EDUARDO HERNÁNDEZ FLORES, conocido como “CHOFORO”, hermano del exgobernador EUGENIO HERNÁNDEZ FLORES.
La versión señala que una joven rechazó sus acercamientos y que la situación terminó en una confrontación con ANDRÉS NORBERTO GARCÍA REPPER FAVILA, actual fiscal Anticorrupción de Tamaulipas, quien presuntamente intervino en defensa de la muchacha.
Se cuenta que personal de seguridad intervino para evitar que el altercado pasara a mayores y que, ya fuera del establecimiento, el llamado “CHOFORO” habría invocado su parentesco con el exmandatario.
Hay algo que sí merece decirse sin rodeos: ninguna mujer tiene obligación de tolerar acercamientos que no desea, y ningún apellido, por encumbrado que haya sido, otorga licencia para incomodar a los demás.
Si alguien todavía cree que presentarse como hermano de un exgobernador le concede privilegios, convendría recordarle que el respeto no se hereda, no se decreta y mucho menos se impone a gritos.
Una cosa es tener un hermano que gobernó Tamaulipas y otra muy distinta pretender que, por ese parentesco, los demás tengan que aguantarlo.
El poder se acaba. Los apellidos permanecen. Pero la educación, cuando nunca se aprendió, no aparece por arte de magia.
